La Sanidad Pública española necesita aumentar el número de Psicólogos Clínicos
El número de profesionales debería crecer en más de 7.000 para igualar a Europa en número de psicólogos por habitantes
La Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias no reconoce a la Psicología dentro de este campo. La única opción de estos profesionales para acceder a la Sanidad Pública es el PIR, similar a la prueba que realizan los médicos.
Sin embargo, la dificultad de acceso se agrava con el hecho de que la Psicología es la profesión con más solicitantes por plaza, en comparación con otras disciplinas sanitarias. Se ofertan pocas plazas a pesar de que las listas de espera son especialmente largas, y a pesar de que en los últimos 10 años se han disparado las consultas originadas en un malestar psicológico.
En España hay menos de 5 psicólogos por cada 100.000 habitantes, cuatro veces menos que en los países de nuestro entorno, lo que conlleva tratamientos inadecuados y una sobremedicación innecesaria.
Conforme a las reivindicaciones de los especialistas, sería necesario incorporar más de 7.000 Psicólogos Clínicos para igualar la media europea. Es importante señalar, además, que la presencia de Psicólogos Clínicos en Atención Temprana evita la cronificación de enfermedades asociadas a la salud mental y reduce el número de visitas reiterativas a la consulta del médico.
El Consejo General de la Psicología ha reiterado en numerosas ocasiones la necesidad e importancia de un cambio que implique no sólo frenar la reducción de plazas, sino también impulsar acciones que las incrementen.
El ensayo clínico PsiCAP, llevado a cabo en diversas Comunidades Autónomas, demuestra que un tratamiento psicológico adecuado en tres veces más eficaz que el que habitualmente se da en Atención Primaria, con una tasa de recuperación en torno al 70% en trastornos como la ansiedad y la depresión, reduciéndose al mismo tiempo el consumo de fármacos.
Ante las reivindicaciones de los colectivos de especialistas y las quejas ciudadanas, la situación está ya en manos del Defensor del Pueblo, que ha reclamado a las diferentes Administraciones Públicas para que envíen cifras sobre las contrataciones que están teniendo lugar. El objetivo es determinar si la oferta de atención psicológica clínica es adecuada a las verdaderas necesidades de la población.