CANARIAS

La Comunidad Autónoma de Canarias aprueba la Ley sobre menores robados

Es la primera norma específica que se hace en España

El pasado lunes 13 de mayo, el Boletín Oficial de Canarias publicó la Ley 13/2019, de 25 de abril, sobre los menores robados en la Comunidad Autónoma de Canarias. En el Preámbulo, la norma establece su pretensión de colaborar en el esclarecimiento de hechos que tienen que ver con menores que fueron robados y asignados a otras familias, y asume que se trata de una deuda inaplazable de la sociedad canaria con las víctimas y sus familiares.

Asimismo, se menciona la contemplación del derecho a la identidad en la Convención sobre los Derechos del Niño como derecho que posibilita el correcto ejercicio del libre desarrollo de la personalidad. La ley dice que “el derecho a su preservación conlleva el derecho a conocer su propia filiación y el derecho a la exacta identidad como derecho fundamental por su vinculación con la dignidad personal y el libre desarrollo de la personalidad”.

La Ley sobre menores robados tiene como objeto proporcionar los instrumentos normativos y recursos para el reconocimiento y efectividad del derecho a la verdad, la justicia y la reparación de la víctimas, así como facilitar las labores de investigación.

Los principios en los que se inspira la ley son la búsqueda de la verdad sobre los hechos, la aplicación de la justicia sobre los hechos ocurridos en Canarias, la reparación de daños y perjuicios, y el establecimiento de garantías para que hechos así no vuelvan a repetirse.

Quedan incluidas en el ámbito de aplicación de la ley aquellas personas que fueron víctimas de robo en la comunicad Autónoma o que fueron trasladas a la misma, incluyéndose los bebés, los menores, las madres biológicas y las personas declaradas como tales en el procedimiento judicial que hubiese declarado la efectiva existencia del delito.

Se garantiza el derecho de las víctimas y personas con un interés legítimo al acceso a los archivos y registros dependientes de la Comunidad Autónoma de Canarias, de los Ayuntamientos, de los Cabildos y de los organismos dependientes de los mismos. Este derecho será gratuito en todo caso, y las entidades públicas podrán recabar el auxilio de entidades privadas cuando sea necesario.

Con el fin de hacer valer la tutela judicial efectiva a que tienen derecho las víctimas, las Administraciones Públicas de Canarias deberán colaborar con el Ministerio Fiscal y cualesquiera otras autoridades judiciales. Asimismo, los poderes públicos promoverán medidas para evitar que puedan repetirse hechos similares a los protegidos por la ley, realizando campañas de información y sensibilización , así como actos de homenaje y reconocimiento a las víctimas de los delitos a que hace referencia la normativa.

La ley recoge el compromiso del Gobierno de Canarias de incluir en el plan de contenidos educativos públicos la divulgación de sus principios y valores, impulsando la investigación de los delitos sobre robo de menores en los diferentes centros y programas en los que las familias puedan contribuir. Asimismo, el Ejecutivo canario instará a que se incluyan contenidos propios de esta materia en los procesos de formación del profesorado y de los empleados públicos.

La Consejería de Justicia colaborará en la creación de una base de datos en coordinación con las asociaciones de víctimas. El banco de ADN de Canarias podrá ser utilizado para hacer efectiva la colaboración en la investigación de los delitos mientras que no se ponga en marcha un órgano similar a nivel nacional, con el cual el Gobierno de Canarias podrá establecer eventuales lazos de cooperación. Las funciones de este banco genético será el de recibir, procesar y almacenar las muestras biológicas correspondientes para proceder a su análisis y poder realizar una identificación de vínculos familiares.

A raíz de la publicación de la ley sobre menores robados en Canarias, se crea la Comisión Canaria por el Derecho a la Identidad, cuya función será servir de órgano asesor al Gobierno canario con el objetivo de cumplir los fines de la norma. Dicha Comisión estará formada por dos representantes del Gobierno autonómico (uno de los cuales será el Presidente), uno de la Federación Canaria de Municipios, otro de la Federación Canaria de Islas y dos más pertenecientes a las asociaciones canarias relacionadas con el objeto de la ley.

Con el requisito de reunirse al menos una vez al año, corresponderá a la Comisión por el Derecho a la Identidad elaborar un informe anual para evaluar los resultados y aplicar posibles mejoras. La ley canaria prevé también la coordinación con el órgano de similares características que pudiera crearse a nivel estatal.

Está previsto que la referida ley entre en vigor el próximo mes de junio. Para finalizar, la Ley 13/2019 sobre menores robados en la Comunidad Autónoma de Canarias, en su disposición adicional segunda, establece el 30 de agosto como Día en Memoria de Menores Robados y sus Familias.